Las organizaciones firmantes del VI Convenio Estatal de la Dependencia, tanto sindicales (Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO y CCOO de Construcción y Servicios y Federación de Servicios Públicos de UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han presentado en rueda de prensa el primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, un instrumento creado para analizar por parte de los agentes sociales de forma rigurosa y sistemática el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia en nuestro país, con el objetivo de dar respuestas a los problemas de viabilidad con los que se encuentra en la actualidad.
El informe, a los largo de sus 130 páginas, presenta una detallada radiografía del estado actual del sistema de atención a la dependencia, atendiendo a cuestiones como el número de solicitudes, valoraciones y beneficiarios, el desarrollo normativo de la ley tanto a nivel estatal como autonómico, los problemas de financiación con los que se encuentra actualmente el sistema y la delicada situación por la que atraviesa el sector.
Estas son algunas de las claves:
La aplicación de la LAPAD se realiza con importantes retrasos en la valoración y concesión de
prestaciones, constatándose que algunas CC.AA no efectúan el reconocimiento de la
prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva
(Informe Tribunal Cuentas 2.014), lo que perjudica que no resulte satisfecho en el momento
oportuno el derecho subjetivo de las personas dependientes.
Se observa que en España (2,64% Población Dependiente sobre Población Total) la proporción
de personas valoradas Grado III alcanza en nuestro país 30,03%, mientras que el Grado II es 36,18%,
ambos muy superiores a los de otros países europeos con similar población dependiente. Esta
disfunción del Baremo puede tener relación con la financiación por grados de Dependencia
reconocido, pudiendo existir un sesgo en la valoración hacia los grados mejor financiados.
A pesar de que RD1050/2013 tenía como objetivo priorizar servicios frente a prestaciones
económicas, la Ley continua 7 años más tarde de su entrada en vigor con una proporción de
un 42,81% de servicios por cuidadores no profesionales, frente al 13,95% de servicios de
atención residencial, 12,71%, SAD y 12,53% de teleasistencia. Lo que es más grave, si se tiene
en cuenta que el 66,21% de los beneficiarios con prestación corresponden al online casino Grado III (30,03%)
y Grado II (36,18%) respectivamente y que además invirtiendo ese porcentaje de cuidadores
no profesionales en servicios de residencia, se crearían 125.000 nuevos empleos (ratio 0, 5).
La revisión del SISAAD -nueva aplicación prevista para finales de 2014- ha arrojado duplicidad
de expedientes e irregularidades que un vez depuradas alcanzan 39 millones de € (Informe
Tribunal Cuentas 2014) y denotan la falta de controles eficaces, y el incumplimiento de la
obligatoriedad de certificar por parte de las CC.AA la veracidad de datos.
La financiación finalista de la AGE ha sufrido importantes disminuciones (regularización de
expedientes, reducción cuantías máximas prestación económica y suspensión de cuotas SS de
cuidadores no profesionales que arrastraba deuda de 1.034 millones de €, suspensión del nivel
acordado), lo que unido al hecho de que las CC.AA no han dispuesto de contabilidad analítica
aplicable en exclusiva a los gastos de dependencia, imposibilita certificar con exactitud el
importe de los recursos destinados a la dependencia. Tampoco el desarrollo del copago -a
pesar de sus incrementos- ha alcanzado la media del 33% prevista en la memoria económica de
la Ley.
El crecimiento de empleo generado en el sector se ralentiza y comienza a disminuir en 2.012,
incrementándose desde esa fecha los contratos no fijos y el empleo a tiempo parcial, lo que
unido a la disminución de servicios e intensidades nos aleja de las estimaciones de creación de
empleo previstas.
La normativa relativa a la LAPAD es enorme: incluye más de 671 normas de CC.AA y 134 normas
estatales. Sin embargo adolece de la falta de una normativa estatal en materia de
acreditación que responda a las distintas necesidades de las personas dependientes.
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