Rueda de prensa IILas patronales y sindicatos firmantes del VI Convenio de la Dependencia estiman que la puesta en marcha de un sistema sociosanitario, capaz de hacerse cargo, por ejemplo, de la convalecencia de una persona mayor a la que se ha colocado una prótesis de cadera, supondría a las arcas públicas un ahorro aproximado de 10.000 millones de euros.
Así lo indicó este jueves en Madrid Jorge Guarner, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), durante la presentación del Observatorio de la Dependencia, un órgano compuesto por patronales y sindicatos que ahora retoma su actividad.
Según explicaron Guarner y el resto de los componentes del citado observatorio,la cifra de los 10.000 millones de euros sale, fundamentalmente, de la diferencia de coste de una cama hospitalaria (que oscila entre 650 y 750 euros día) y la de una residencia (unos 150 euros) que, a juicio de las patronales, podría atender a usuarios como el convaleciente al que se le ha colocado una prótesis de cadera y no puede volver a casa por carecer de ascensor.
En estos casos, consideró Guarner, las personas mayores están mejor en un centro residencial que en uno hospitalario, porque «de lo que se trata es de cuidar y no de curar».
Los miembros del Observatorio de la Dependencia son los firmantes del VI Convenio de la Dependencia, es decir, las organizaciones sindicales Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), la Federación de Servicios Privados de Comisiones Obreras (FSP-CCOO) y el sector salud y servicios sociosanitarios y dependencia de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores(FSP-UGT).
En cuanto a las organizaciones empresariales con presencia en el sector, son la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores y sector solidario (Lares)  y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste). 
casino online #000000; font-family: Calibri, «Times new roman», serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;» />Todas estas entidades han decidido ahora retomar la actividad del observatorio, constituido en el año 2000, cuando se suscribió el II Convenio Colectivo Laboral de Residencias Privadas de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
Y lo han decidido, tal y como indicaron en la rueda de prensa, para analizar cómo está siendo el cumplimiento de la Ley de Autonomía Personal y para ayudar a las administraciones públicas a que avancen en su mejora.
EMPLEO 
Y es que, señaló José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), el Sistema de Dependencia no ha cumplido con objetivos tales como el del empleo, ya que si preveía crear unos 200.000 puestos de trabajo, en la práctica ha generado alrededor de 70.000, al menos en el sector privado, donde se ha pasado de 120.000 puestos en 2007 a 190.000 en la actualidad, detalló.
Otro de los aspectos urgentes que a juicio del Observatorio de la Dependencia debería afrontar el Gobierno es el de la profesionalización de los servicios que presta el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Saad).
«Después de siete años (de la Ley de Dependencia en vigor), no tenemos reglamentos básicos que profesionalicen el servicio», apuntó Guarner, quien añadió que «falta una norma de acreditación que diga quién está preparado para prestar el servicio y quién no».
A este respecto, Pilar Navarro, de UGT, discrepó y precisó que todas las personas que prestan actualmente servicios de dependencia están preparadas para hacerlo.
Para analizar este aspecto y, en general, todo lo relacionado con el funcionamiento del Sistema de Dependencia se ha constituido el Observatorio de la Dependencia, un órgano  que prevé elaborar informes y estadísticas e informar con ello al Gobierno y a la ciudadanía en su conjunto.

 

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Fuente: noticias.lainformacion.com

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